La reconocida firma de abogados Gómez-Pinzón ha publicado su más reciente informe titulado “Horóscopo de la Infraestructura 2025”, un análisis detallado que aborda las principales previsiones y desafíos del sector de infraestructura en Colombia para el presente año. Este documento, elaborado con base en el monitoreo legal, económico e institucional del país, presenta un panorama amplio que incluye desde las iniciativas más prometedoras hasta aquellas que se encuentran estancadas o amenazadas por diversas dificultades administrativas, financieras o ambientales.
El informe está estructurado bajo una analogía astrológica, donde se destacan tanto los proyectos “más esperados” como aquellos que se encuentran en fase de “mercurio retrógrado”, categoría que simboliza la falta de avances significativos.
Sin embargo, en primer lugar, el informe identifica cuatro proyectos emblemáticos dentro de los más esperados para 2025: se encuentra la autopista Estanquillo – Popayán, el Gran Malecón del Mar de Puerto Colombia, el Corredor férreo La Dorada – Chiriguaná y la segunda línea del Metro de Bogotá.
En primer lugar, el informe resalta el proyecto de la autopista Estanquillo – Popayán, que se perfila como uno de los desarrollos viales más relevantes del año, con una adjudicación prevista para octubre de 2025 y una inversión estimada en más de 7,6 billones de pesos. Este proyecto busca fortalecer la conexión entre el sur del país y otras regiones, representando un avance significativo en términos de integración regional y competitividad.
En segundo Lugar, el Gran Malecón del Mar es una iniciativa impulsada por la Gobernación del Atlántico que tiene como objetivo transformar Puerto Colombia en un eje turístico y económico del Caribe colombiano. La licitación de esta obra se abrirá en mayo de 2025, y su concepción responde a una visión de desarrollo integral que contempla dinamizar el turismo, revitalizar el espacio público costero e incentivar la economía local a través de inversiones sostenibles y de alto impacto urbano.
En tercer Lugar, el Corredor férreo La Dorada – Chiriguaná representa una de las principales apuestas del país por la reactivación del transporte ferroviario. En cuanto a ello, El pasado 7 de febrero de 2025 se presentaron las ofertas por parte de los interesados, y la adjudicación se llevó a cabo el pasado 3 de abril dando como ganadora la firma Estructura Plural Línea Férrea. Esta obra contará con una inversión aproximada de 3,4 billones de pesos y se estima que, en el mediano y largo plazo, permitirá la movilización de hasta 2,8 millones de toneladas anuales, convirtiéndose en un eslabón clave para consolidar un sistema logístico multimodal más eficiente y sostenible en el sector férreo del país.
Ya en cuarto lugar, En cuanto a la segunda línea del Metro de Bogotá, el informe detalla que los proponentes deberán presentar sus ofertas el día 20 de junio de 2025, y la adjudicación está programada para noviembre del mismo año. Esta nueva línea tendrá una longitud de 15,5 kilómetros, incluirá 11 estaciones (10 de ellas subterráneas) y conectará las localidades de Suba, Engativá, Chapinero y Barrios Unidos. El trazado irá desde la Calle 72 con Avenida Caracas hasta Fontanar del Río, en Suba, consolidándose como una solución estructural a los persistentes problemas de movilidad en la capital y su área de influencia.
Aparte de estas iniciativas destacadas, el informe también hace mención de otros proyectos relevantes que avanzan hacia etapas clave. Tal es el caso de la conexión vial Villeta – Guaduas – El Korán, un tramo de 18 kilómetros que forma parte del corredor adjudicado bajo el contrato de la Ruta del Sol 1.
Dado su impacto estratégico, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha priorizado su construcción y ya ha radicado ante el Ministerio de Hacienda la solicitud de concepto de no objeción sobre las condiciones financieras y riesgos contingentes de la iniciativa. Este trámite permitirá a la entidad abrir la licitación durante 2025, con miras a adjudicar la obra a finales del mismo año o a comienzos de 2026.
Otra de las obras esperadas es el Acceso Nueva Calle 13, también conocida como Avenida Centenario. Este proyecto ha asegurado sus recursos financieros gracias a la aprobación del cupo de endeudamiento por parte del Concejo de Bogotá, lo que permitirá su ampliación y modernización. Esta vía es fundamental para el ingreso y salida del transporte de carga desde el occidente de la ciudad, por lo que su intervención representa una mejora sustancial para la logística urbana y la movilidad regional.
En Cartagena, la construcción del proyecto IP Cable de La Popa aún está pendiente de inicio, aunque cuenta con una inversión aprobada de 84 millones de dólares. Se estima que esta obra beneficiará a más de un millón de usuarios anualmente, en especial a las poblaciones que habitan en zonas de difícil acceso de la capital de Bolívar.
De manera paralela, el informe destaca los avances del proyecto PTAR Canoas, que busca mejorar el tratamiento de aguas residuales en la región capital. Este proceso ya superó la etapa de revisión documental y cuenta con la “no objeción” del Banco Mundial, lo cual allana el camino hacia la selección definitiva del contratista y el inicio de las obras.
Sin embargo, no todos los proyectos registran el mismo dinamismo. Ya que bajo el concepto de “mercurio retrógrado”, el informe identifica iniciativas que han enfrentado retrocesos o que no han logrado avanzar como se esperaba. En este grupo se encuentra la modernización del aeropuerto de San Andrés, una obra estimada en un billón de pesos, cuya licitación fue declarada desierta en 2024. La situación actual es de incertidumbre, ya que se está a la espera de una eventual presentación de una nueva iniciativa privada o, en su defecto, de la estructuración de una iniciativa pública, opción que, según el informe, no parece viable en el corto plazo.
También se menciona el caso de la ampliación de la Autopista Norte en Bogotá, entre las calles 191 y 245, cuya licencia ambiental fue archivada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) ante la ausencia de un análisis detallado sobre la conectividad hídrica y ecológica de los humedales Torca y Guaymaral.
Esta situación representa un obstáculo considerable para la continuidad del proyecto, que es clave para mejorar el acceso y la salida norte de la ciudad. Sin embargo, el mes pasado se presentaron las correcciones necesarias ante la Anla para obtener luego de varios años la licencia ambiental que permita por fin destrabar este proyecto necesario para la movilidad del norte de la capital con los municipios cercaos al igual que evitar nuevos inconvenientes con las lluvias constantes que se presentan en este corredor vial.
Por otra parte, El proyecto del Canal del Dique, considerado por muchos expertos como una obra fundamental para la competitividad y el desarrollo socioeconómico de la región Caribe, también enfrenta un estado de estancamiento. Esta iniciativa, estructurada bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), aún no ha logrado avanzar debido a la prolongación del proceso de licenciamiento ambiental que permanece bajo evaluación de la Anla. La falta de definición sobre este trámite impide dar inicio a las obras, a pesar de su reconocida relevancia nacional.
Además de los proyectos específicos, el informe aborda otros factores estructurales que han afectado negativamente la ejecución y planificación de la infraestructura en Colombia. Uno de los aspectos más preocupantes ha sido el aplazamiento de apropiaciones dentro del Presupuesto General de la Nación, lo cual ha impactado compromisos asumidos con cargo a vigencias futuras. En este sentido, más de 4 billones de pesos correspondientes al sector infraestructura han sido aplazados, generando efectos adversos sobre una amplia gama de proyectos, incluidos aquellos relacionados con transporte público, sistemas férreos, edificaciones, vías nacionales no concesionadas, vías departamentales, concesiones viales de cuarta y quinta generación (4G y 5G), infraestructura fluvial y de servicios públicos.
A esto se suma la suspensión del incremento contractual de tarifas en ciertas estaciones de peaje pertenecientes a proyectos concesionados por la ANI, medida que ha afectado de manera directa a los operadores viales y compromete la sostenibilidad financiera de los contratos de concesión. Esta situación, según advierte el informe, puede generar consecuencias a largo plazo en la operación y mantenimiento de las vías concesionadas.
Por otro lado, en el informe se expone una problemática crítica relacionada con el Instituto Nacional de Vías (Invías) y sus contratistas. Ya que de acuerdo con información suministrada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura, el Invías adeuda aproximadamente un billón de pesos a constructoras y consultoras de obra pública. Esta falta de pagos ha generado consecuencias graves en la ejecución de obras, afectando tanto la continuidad de los proyectos como la liquidez de las empresas involucradas, muchas de las cuales son esenciales para mantener el ritmo de ejecución en las regiones más apartadas del país.
