El pasado 10 de agosto, se generó una importante controversia en torno al proyecto Regiotram del Norte en Bogotá, cuando el Distrito y el departamento presentaron la estructuración del mismo ante las autoridades competentes en busca de su aprobación técnica. La solicitud inicial sorprendió al no incluir la opción de utilizar el tren para carga y pasajeros, y en su lugar, se explicaron las razones detrás de esta elección.
Sin embargo, a medida que avanzaba el proceso, se conoció que el 26 de julio de 2023, antes de la presentación oficial, el Ministerio de Transporte emitió una carta que reafirmaba que, si el tren no estaba destinado para carga y pasajeros, no sería cofinanciado por el Gobierno Nacional.
En dicha carta, el Ministerio de Transporte enfatizaba la necesidad de que el proyecto Regiotram del Norte ofreciera una solución integral que garantizara la coordinación y complementariedad entre los sistemas de transporte férreo, tanto de carga como de pasajeros. Se solicitaba que, en caso de interés en la cofinanciación de la Nación, se incluyera como parte integral de la documentación la verificación de dicho propósito.
Además, se instaba a llevar a cabo estudios que permitieran revisar, analizar y definir una solución integral que asegurara una óptima conexión entre Bogotá y la Región, en consonancia con el Plan Maestro Ferroviario del gobierno Petro. También se sugería una revisión de la ubicación de las estaciones de transferencia intermodal.
En contraposición a estas solicitudes gubernamentales, el documento de solicitud explicaba detalladamente las cinco alternativas que se habían analizado en 2021 para evaluar si era viable compartir el corredor con el transporte de carga. Estas alternativas incluían la posibilidad de un tren de pasajeros utilizando trocha angosta, la opción de una trocha dual con tres o cuatro rieles si el tren se diseñaba para trocha estándar, y la propuesta de tres vías, dos de ancho para pasajeros y una angosta para carga. Sin embargo, todas las alternativas que incluían carga fueron calificadas como inviables.
Andrés Díaz, gerente general de la Empresa Férrea Regional (EFR), argumentó que no era posible construir tres vías férreas independientes debido a la falta de espacio. Esto requeriría invadir carriles de la NQS y reconstruir la mayoría de las estructuras existentes, como puentes vehiculares, peatonales y estaciones de TransMilenio.
Adicionalmente, se determinó que la operación conjunta del corredor para carga y pasajeros era inviable debido a problemas técnicos, diferencias en términos de gálibos y pendientes, dificultades en la distribución de responsabilidades y riesgos entre operadores, así como diferencias en la adquisición de material rodante.
Se mencionó también que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá planteaba restricciones en la ubicación del kilómetro 5 del corredor férreo del norte.
El Ministerio de Transporte mantuvo su posición firme de que el tren eléctrico debía ser utilizado tanto para carga como para pasajeros. En una carta emitida el 14 de septiembre como respuesta a la solicitud inicial presentada el 10 de agosto, el Ministerio realizó varios comentarios sobre el proyecto y finalmente lo devolvió a los solicitantes.
Entre las observaciones del Ministerio, se destacó la falta de soporte documental que demostrara la aprobación con estudios de factibilidad técnica, ambiental, legal y financiera, aprobados por la entidad territorial correspondiente, para todas las fases del proyecto, incluyendo planeación, construcción, operación y seguimiento.
Además, se argumentó que el proyecto no cumplía con los objetivos del plan de movilidad sostenible y segura, establecidos por la ley, el plan de ordenamiento territorial y de desarrollo. El documento del Grupo Unidad de Movilidad Urbana Sostenible de la cartera de Transporte también señaló la ausencia de documentación que demostrara la constitución de la Autoridad de Transporte del proyecto Regiotram del Norte, así como el acuerdo de los municipios involucrados en su desarrollo.
En la respuesta, se recordó a los solicitantes que, si estaban interesados en la cofinanciación por parte del Gobierno Nacional, el tren debía ser diseñado para carga y pasajeros.
Ante esta situación, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, expresó su desacuerdo con la postura del Gobierno Nacional en una declaración pública.
