La Contraloría General de la República, bajo la dirección de Carlos Hernán Rodríguez Becerra, ha reiterado una seria advertencia en torno a los riesgos fiscales, sociales y ambientales que persisten en el marco del megaproyecto denominado ‘Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique’, una de las iniciativas de infraestructura ambiental más ambiciosas que se adelantan actualmente en Colombia. El pronunciamiento de la entidad se dio tras una visita de seguimiento a las advertencias emitidas en noviembre de 2024 a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en las que ya se había alertado sobre los riesgos que amenazaban la viabilidad del contrato de concesión firmado para la ejecución de este macroproyecto.
Según lo expuesto por el contralor Rodríguez Becerra, persiste un riesgo latente de que se materialice una terminación anticipada del contrato de concesión, lo que podría acarrear una millonaria afectación para las finanzas públicas. La Contraloría precisó que, de producirse este escenario y por causas no imputables al concesionario, el contrato prevé el pago de una suma que, a la fecha, podría ascender a 434.000 millones de pesos, sin que la Nación haya recibido a cambio la restauración de ninguno de los ecosistemas degradados ni las demás actividades y obras contempladas en el contrato.
A este grave riesgo fiscal se suma, según la Contraloría, un preocupante riesgo social y ambiental. De materializarse la terminación anticipada, cerca de 200.000 hectáreas correspondientes a 19 municipios ubicados en la zona de influencia del Canal del Dique quedarían expuestas y desprotegidas frente a las inundaciones durante los periodos de invierno severo, los cuales se han intensificado y se prevé que serán más frecuentes como consecuencia de los efectos del cambio climático. Este escenario pondría en situación de vulnerabilidad a una población que supera el millón y medio de personas, distribuidas a lo largo de los municipios que históricamente han dependido del correcto funcionamiento de este sistema hidráulico y de los ecosistemas asociados.
Desde el punto de vista ambiental, la Contraloría también alertó que la posible suspensión o cancelación del contrato incrementaría la degradación de los ecosistemas del Canal del Dique, debido al incontrolado ingreso de sedimentos al canal, a las ciénagas, a los caños y a las bahías de Cartagena y Barbacoas, comprometiendo seriamente la calidad ambiental de estos ecosistemas estratégicos para la región Caribe y para el país.
Por otro lado, el ente de control fiscal advirtió que, de no resolverse oportunamente la situación contractual, quedarían sin soporte jurídico ni posibilidad de ejecución los 213.000 millones de pesos previstos para inversión en gestión social, institucional y ambiental en los 19 municipios del área de influencia de este proyecto estratégico. Esto implicaría no solo un grave retroceso en términos de desarrollo social para las comunidades, sino también la pérdida de casi 11.000 millones de pesos que ya fueron invertidos en el desarrollo, protocolización y cumplimiento de las 17 consultas previas realizadas con comunidades, adelantadas por el concesionario y la ANI como parte de los requisitos legales para el avance del proyecto.
A pesar de haber advertido estos riesgos desde noviembre de 2024, la Contraloría considera que aún es posible tomar decisiones que permitan gestionarlos de manera adecuada y resolverlos conforme a la ley y a las disposiciones contractuales vigentes. En ese sentido, y en aras de evitar una eventual terminación anticipada del contrato —que haría aún más costosa y compleja la intervención futura del Canal del Dique—, la Contraloría General ha planteado cuatro opciones concretas para subsanar la situación actual y permitir el pronto paso del contrato de concesión a su fase de construcción.
La primera opción consiste en la suscripción de una modificación contractual, mediante la cual se formalice la elaboración y reconocimiento del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) exigido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) a través de la Resolución 0322 del 29 de febrero de 2024. Esta modificación contractual permitiría garantizar el cumplimiento de las exigencias ambientales que surgieron con posterioridad a la firma del contrato original y que actualmente constituyen uno de los principales obstáculos para el inicio de las obras.
Como segunda alternativa, se plantea la revisión jurídica de los requisitos de licenciamiento ambiental, específicamente para evaluar la posibilidad de excluir las Unidades Funcionales 13 y 14 de la obligación de licenciamiento ambiental, permitiendo su gestión a través de mecanismos como fichas paga, autorizaciones de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) u otras figuras contempladas en la normatividad ambiental vigente. Esto permitiría destrabar parcialmente la ejecución del proyecto, priorizando la intervención en sectores de menor complejidad ambiental y reduciendo tiempos y costos en el trámite de permisos.
La tercera opción sugerida por la Contraloría apunta a la optimización del proceso de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, para lo cual propone modular y agilizar al máximo posible la presentación, evaluación y aprobación del mismo, de forma tal que se minimicen los tiempos requeridos y se facilite la protocolización de nuevas consultas previas que eventualmente resulten necesarias. Cabe señalar que el costo de estas nuevas consultas no fue previsto en el presupuesto inicial y, de acuerdo con las proyecciones actuales, podría alcanzar los 300.000 millones de pesos, representando un nuevo reto financiero para el proyecto y para las entidades involucradas.
Finalmente, la cuarta alternativa contempla garantizar el cumplimiento de todas las condiciones contractuales restantes por parte del concesionario, lo que incluye la entrega de los estudios de Fase 3, la formulación del Plan de Gestión del Riesgo y la obtención de la viabilidad social y predial necesaria para dar inicio formal a la fase de construcción del proyecto.
El contralor general Carlos Hernán Rodríguez Becerra insistió en la importancia de tomar decisiones inmediatas y concertadas para evitar la terminación anticipada del contrato, subrayando que los impactos de una eventual cancelación serían de carácter fiscal, social y ambiental, afectando no solo las finanzas públicas sino también la calidad de vida de las comunidades y los ecosistemas estratégicos de la región Caribe. “Una gestión coordinada es clave para avanzar en la restauración de los ecosistemas del Canal del Dique y garantizar la protección de las comunidades afectadas. Es momento de actuar con responsabilidad y compromiso para asegurar la viabilidad del proyecto y el bienestar de la región”, concluyó el jefe del organismo de control fiscal.
Este pronunciamiento de la Contraloría General de la República pone en evidencia la necesidad urgente de que las entidades involucradas en este megaproyecto —la ANI, el Ministerio de Ambiente, la Anla, el concesionario y los entes territoriales— articulen esfuerzos y adopten decisiones estratégicas que permitan destrabar un proceso que, por su importancia ambiental, social y económica, ha sido declarado de importancia estratégica para la Nación y que, una vez ejecutado, traerá beneficios sustanciales para la infraestructura ambiental y la mitigación de riesgos en la región Caribe colombiana.
